- Rolando Ramos
- 23 de julio de 2020
El 29 de junio, el INE impuso medidas cautelares contra 63 personas, entre funcionarios y legisladores, por promover su imagen en entrega de materiales durante la pandemia.
Entre abril y mayo pasado, durante la etapa de mayor confinamiento en México por la epidemia de la enfermedad Covid-19, se disparó de dos a 38 el número de carpetas de investigación que por posibles delitos electorales abrió la Fepade, adscrita a la Fiscalía General de la República.
Del 1 de enero al 31 de mayo del año en curso, de acuerdo con los informes mensuales de actividades presentados por la Fepade –últimas cifras oficiales disponibles a la fecha-, se iniciaron 219 carpetas de investigación: 65 en enero, 42 en febrero y 72 en marzo, más las ya referidas.
Más quejas, en septiembre
“No. No propiamente. De ninguna manera. Nosotros esperamos un aumento muy impresionante de denuncias y de carpetas para cuando se abra el proceso electoral, a partir de septiembre. Sobre todo, entre más nos acerquemos a las elecciones de 2021”, respondió José Agustín Ortiz Pinchetti a la pregunta de si los actores políticos aprovecharon la pandemia del coronavirus para hacer campaña electoral rumbo a los comicios federales y locales del próximo año, a juzgar por el número de carpetas de investigación abiertas.
En entrevista, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) explicó: “Generalmente estos casos, salvo algunos que llamamos relevantes, son casos menores. Muchas veces son consultas que se hacen, o denuncias por cuestiones de cambios de credenciales indebidos. Los asuntos relevantes no han aumentado”.
El pasado 29 de junio, el INE impuso medidas cautelares contra 63 funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, senadores, diputados federales y locales en 15 entidades federativas por promover su imagen en despensas, equipo médico y agua, entre otros artículos entregados a la población durante la etapa más crítica de la emergencia sanitaria y económica.
Según los consejeros electorales, la decisión no pretendía impedir el apoyo solidario a la gente que lo necesita, afectada por la pandemia, sino frenar la promoción personalizada, violatoria del Artículo 134 constitucional.
Dicho artículo establece: “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Ortiz Pinchetti precisó al respecto: “Muchas de esas medidas cautelares no implican una denuncia en la Fepade. El INE tiene esas facultades y las ejerce, pero no se convierten en denuncias penales que nosotros debamos atender”.
Desde que inició el año y hasta mayo pasado, la Fepade libró -por delitos electorales- dos órdenes de aprehensión (una en enero y otra en mayo) y cumplimentó seis (cuatro en enero y dos en febrero); en el mismo periodo llevó a cabo cuatro vinculaciones a proceso en contra de igual número de imputados: dos en el Estado de México, una en Puebla y otra en Tamaulipas.
Tres vinculaciones a proceso fueron por alterar el Registro Federal de Electores y una por proporcionar apoyo en horario laboral, conductas tipificadas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
—¿Por qué hay muchas carpetas de investigación abiertas y muy pocas vinculaciones a proceso?
“Es que muchas de las carpetas resulta que no contienen pruebas suficientes para iniciar un proceso de judicialización”.
Eso es resultado, explicó el titular de la Fepade, de inconsistencias en la presentación de las denuncias. “Hemos tenido muchos casos que son imaginarios, que se denuncian pero que no tienen sustancia, no tienen pruebas. O son imaginarios o está muy imperfecta la denuncia.
“Tuvimos una experiencia muy interesante en 2019 en que se presentaron muchas denuncias y casi en la mitad no podíamos proceder a ninguna investigación porque en los primeros actos nos dimos cuenta de que no estaban sustentadas en hechos reales. Realmente el número de denuncias que prosperó, o sea que se llegaron a judicializar, fueron relativamente pocas”.
Frente a esa experiencia, el fiscal electoral propone que las denuncias basadas en hechos falsos ameriten una acción penal.
“Si recibimos una denuncia basada en hechos falsos, por ejemplo que están repartiendo despensas o regalos en algún lugar, (y) no es cierto; pero nosotros tenemos que mandar a los policías investigadores a constatar y perdemos tiempo, y recursos y energías, cuando no hay nada.
“Esto ameritaría una reforma a la ley para que los que hagan ese tipo de denuncias, basadas en hechos imaginarios, deban ser castigados. Que se establezca una pena disuasiva para ellos.
“Ahorita eso no puede suceder porque no hay el tipo penal. No podemos nosotros iniciar un proceso, por más descarada que sea la invención, si no está en la ley como delito”.
Hace falta también, consideró, reformar la ley penal electoral para “subir las penas de los delitos graves, establecer el fraude genérico y darle desarrollo a la reforma constitucional al artículo 19”, que establece ordenar prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales.
Afirmó que “la Fepade tiene dientes, pero los tiene muy pequeños”.
Riesgo de judicialización, reconoce
Rumbo al proceso electoral federal del próximo año para elegir 500 diputados federales y 30 procesos locales para renovar, entre otros muchos cargos, 15 gubernaturas, el fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti expresó: “Realmente el INE tiene una muy pesada tarea que realizar.
“Nosotros tenemos jurisdicción para los delitos electorales federales pero vamos a coadyuvar en lo que podamos para impedir que en los procesos locales se cometan irregularidades”.
—¿Hay riesgo de que el proceso electoral del 2021 llegue a la judicialización?
“Sí, cómo no. Depende de las conductas de los actores políticos. Todos los partidos, incluido Morena, van a tener la tentación de hacer trampas. El asunto es que no los vamos a dejar”.
—La mayoría de las carpetas de investigación, las denuncias presentadas, son contra Morena.
“Si son contra Morena, o contra cualquier otro partido, vamos a actuar con energía”.
La oposición exige que el presidente de la República suspenda sus conferencias de prensa diarias durante la campaña electoral en puerta para no afectar la equidad de la contienda. ¿Qué opina?
“Que el presidente debe de informar al pueblo lo que se está haciendo; y las condiciones en que puedan hacerse estas rendiciones de cuentas las fijarán las autoridades electorales, el INE y los tribunales. Y el presidente se va a someter a esos criterios”.
